Desde la Cámara de Comercio se renovó la solicitud de suspensión de la Resolución General 4955/2021 en referencia al Recambio obligatorio de impresoras y controladores fiscales al menos hasta el 31 de diciembre de 2021, donde se ha fijado la finalización del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesta por el Ejecutivo Nacional. Parte de los motivos expresados fue la incertidumbre generalizada por la crisis económica y social provocada por la pandemia, que no permite identificar un plazo certero de recuperación de los sectores económicos.
La Institución realizó los pedidos en los distintos niveles, tanto al Ministro de Economía Martín Guzmán, a los diputados y senadores nacionales mendocinos, federaciones y cámara a nivel provincial y nacional CAME, CAC, FEM, UIM, UCIM y a los referentes de AFIP, teniendo en cuenta que el valor de un aparato de nueva tecnología es de $75.000 aproximadamente.
Cabe destacar que la Cámara de San Rafael realizó un relevamiento a establecimientos comerciales del Departamento, con el objetivo de conocer fehacientemente la posibilidad de afrontar los costos ocasionados por la renovación de los controladores fiscales. Los datos obtenidos arrojaron que el 79,8% de las pymes no pueden cubrir el costo de las nuevas tecnologías, el 19,2% puede hacerlo de manera parcial y sólo un 1% expresó que está en condiciones de renovar los controladores.
Lo mencionado, pone de manifiesto la grave situación económica de las pymes, a lo que se suma el dato estadístico relevado por la CCIA: cada 100 comercios se generan 600 puestos de trabajo, incidencia más que clara a la hora de considerar la necesidad de apoyo a las pymes y la adecuación de medidas acordes a la realidad.
Finalmente se instó a que, en lugar de sumar nuevas obligaciones y costos a las empresas, se pongan en marcha mecanismos de sostenimiento de la actividad privada, que a fin de cuentas tributa y sostiene a los ciudadanos, sus familias y al estado.
